La organización de derechos civiles dice que es inconstitucional etiquetar a personas de por vida sin una revisión individual
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DETROIT – Hoy, la Unión Americana de Libertades Civiles de Michigan (ACLU por sus siglas en ingles), en nombre de 10 personas que anteriormente ganaron fallos judiciales federales que declaraban inconstitucional la Ley de Registro de Ofensores Sexuales (SORA por sus siglas en ingles) de Michigan, presentó una demanda colectiva, federal contra funcionarios estatales por la última versión de la ley. Es la cuarta demanda federal que la organización de derechos civiles presenta contra SORA en la última década. Los tribunales federales y la Corte Suprema de Michigan han dictaminado repetidamente que la reiteración anterior de SORA era inconstitucional.
La demanda de hoy, Does v. Whitmer, o Does III, presentada en el Tribunal del Distrito de EEUU, argumenta que el nuevo estatuto SORA, que entró en vigencia en el 2021, también es inconstitucional. Específicamente, SORA no brinda una revisión individual ni una oportunidad de ser removido, lo que obliga a decenas de miles de personas, incluyendo personas que ni siquiera cometieron un delito sexual, a ser catalogadas como ofensores sexuales y sujetos a penas extensas y, en la mayoría de los casos, restricciones de por vida, sin ninguna consideración de sus circunstancias individuales, lo que es una violación de su debido procedimiento y derechos de protección igualitaria. La demanda de 193 páginas también argumenta que SORA impone un castigo retroactivo inconstitucional, incluso extendiendo retroactivamente los términos de registro de por vida a miles de personas.
Michigan tiene uno de los registros más grandes del país; hay aproximadamente 45,000 registrados en Michigan y casi 10,000 más que viven fuera del estado.
“Durante casi una década, hemos estado luchando para poner fin a un registro ineficaz, inflado e inconstitucional que no solo no protege a los sobrevivientes, sino que de hecho hace que las familias y las comunidades sean menos seguras”, dijo Miriam Aukerman, abogada de la ACLU de Michigan. “La última versión de SORA es más de lo mismo y aun incluye a decenas de miles de personas en esta lista automáticamente sin tener en cuenta sus circunstancias individuales. Lo que estamos pidiendo es muy simple: considerar los hechos en cada caso antes de que alguien sea acusado de ofensor sexual de por vida. El morir no debería ser la única forma en que una persona pueda salir del registro”.
Los informes de expertos presentados con el caso explican que el registro de Michigan es contraproducente: debido a que el registro dificulta que las personas encuentren vivienda, empleo y apoyo familiar - factores claves para prevenir la reincidencia - el registro hace que el público esté menos seguro.
Los siguientes son breves resúmenes de algunos demandantes perfilados en la demanda de hoy, que están en el registro de por vida:
- John Doe A: El Sr. Doe A nunca fue acusado, nunca se le pusieron cargos, ni condenado por un delito sexual. Más bien, se declaró culpable de cargos de robo a mano armada y cargos de armas de fuego por robar a su antiguo empleador (un McDonald's) después de pensar que había sido despedido injustamente. Tampoco disputo los cargos de secuestro por haber obligado a la gerente y a su hijo adolescente a ingresar al edificio para abrir una caja fuerte. Después de pasar 19 años en prisión, el Sr. Doe A obtuvo la libertad condicional en el 2009. Desde entonces, ha trabajado como entrenador vocacional para adultos con necesidades especiales y ahora dirige un negocio de reducción de asbesto. Aunque nunca cometió un delito sexual, debe registrarse como delincuente sexual de por vida debido al secuestro. No existe ningún mecanismo en SORA para remover al Sr. Doe A del registro a menos de que él se muera.
- Mary Roe: A los 19 años, cuando la Sra. Mary Roe era adicta a las drogas y no tenía donde vivir, tuvo relaciones sexuales con alguien de 14 años que se asociaba con su grupo de adolescentes sin donde vivir y fue condenada por conducta sexual criminal en tercer grado. Cumplió dos años y medio de prisión, donde se enderezó. Desde su liberación, obtuvo una maestría en consejería, se casó y nunca enfrentó más cargos de ningún tipo. Ahora es terapeuta y ayuda a otros, incluyendo los sobrevivientes de agresión sexual y relaciones abusivas. Debía salir de SORA a los 45 años, pero las enmiendas de SORA del 2011 extendieron retroactivamente su tiempo en el registro de 25 años a de por vida. No existe ningún mecanismo en SORA para remover a la Sra. Mary Roe del registro a menos de que muera.
- John Doe C: Cuando tenía 23 años, el Sr. Doe C tuvo relaciones sexuales con una chica que conoció en un club para mayores de 18 años. Él pensó que ella era una adulta, pero ella usó una identificación falsa para entrar y en realidad tenía 15 años. El Sr. Doe C fue condenado por conducta sexual criminal en tercer grado e inicialmente se inscribió en el registro durante 25 años hasta los 49 años. Sin embargo, las enmiendas de SORA del 2011 extendieron retroactivamente su registro de por vida. El Sr. Doe C ahora está casado con la mujer que conoció en el club y tienen tres hijos juntos. No existe ningún mecanismo para eliminarlo del registro a menos de que muera.
Los expertos en el caso determinaron que los demandantes no tienen más probabilidades de cometer un delito sexual que personas que no están registradas, y que es probable que haya miles de otros registrantes cuya amenaza de cometer un delito es igualmente indistinguible de personas que no están registradas.
“El registro de Michigan es uno de los más grandes del país, les cuesta a los contribuyentes millones de dólares al año y no tiene ningún beneficio de seguridad pública demostrable para nadie”, dijo Paul Reingold, profesor jubilado del Centro de Derechos de la Universidad de Michigan y abogado colaborador de la ACLU de Michigan en el caso. “Los registros no funcionan porque sabotean los esfuerzos de las personas para volver a ingresar a la sociedad con éxito, dificultan que las víctimas denuncien abuso, imponen una carga imposible a las fuerzas policiales y desvían recursos de programas de prevención. La investigación es clara: los registros debilitan la seguridad pública y malgastan innecesariamente el dinero de los contribuyentes”.
Los legisladores enmendaron la ley en respuesta a los repetidos fallos judiciales de que SORA es inconstitucional, pero solo hicieron cambios menores. La demanda de hoy alega que la nueva ley, que entró en vigor en el 2021, hizo poco para arreglar el registro de Michigan y dejó defectos constitucionales fundamentales. La ACLU le está pidiendo a la corte que prohíba que la ley se aplique retroactivamente sin una revisión individual, para garantizar que todas las personas en el registro que cumplan con los criterios que demuestran la rehabilitación tengan la oportunidad de solicitar el ser removido del registro, y que pare el registro de ofensores sexuales para las personas que no cometieron delitos sexuales.
Además de la Sra. Aukerman y el Sr. Reingold, los demandantes en el caso están representados por los abogados Dan Korobkin y Rohit Rajan de la ACLU, y la abogada colaboradora Roshna Bala Keen de Loevy & Loevy.
El contexto completo, incluyendo los hechos básicos, la historia legislativa y las disputas legales a SORA, se encuentran en: https://www.aclumich.org/es/sora
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