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26 de julio de 2023
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Ann Mullen, (313) 400-8562, amullen@aclumich.org
DETROIT – La Unión Americana de Libertades Civiles de Michigan (ACLU, por sus siglas en inglés) aplaude el fallo de hoy de la Corte Suprema de Michigan de que los abogados pro bono en los casos de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) deben ser pagados en su totalidad por su trabajo por parte de la agencia gubernamental que retuvo ilegalmente los registros públicos.
El fallo, en Woodman v. Michigan Department of Corrections, surge de las demandas de la FOIA presentadas en 2017 por la ACLU de Michigan y sus abogados cooperantes de Honigman LLP en nombre de dos periodistas independientes después de que el Michigan Department of Corrections (MDOC) negara sus solicitudes de entregar imágenes de video de un altercado en una prisión que resultó en la muerte de una persona encarcelada.
Durante el curso de la demanda, la ACLU se enteró de que la política del MDOC era denegar automáticamente todas las solicitudes de videos de la FOIA sin ver el video en cuestión para determinar si estaría exento de divulgación o de qué manera según el estatuto de la FOIA de Michigan. En 2019, el Tribunal de Reclamaciones de Michigan dictaminó que la política de MDOC era ilegal y que los periodistas tenían derecho a ver los videos que habían solicitado, y ordenó al estado que entregara las imágenes de video.
El estatuto de la FOIA de Michigan le da derecho a una parte vencedora a recuperar los honorarios de los abogados de una agencia gubernamental que ilegalmente se negó a entregar registros públicos. Sin embargo, el Tribunal de Reclamaciones recortó los honorarios de los abogados colaboradores de la ACLU en un 90% porque el trabajo se realizaba pro bono, lo que significa “por el bien público” y sin cargo para los clientes. De hecho, todos los casos de la ACLU son pro bono, al igual que casi todos los servicios legales proporcionados por otras organizaciones de interés público sin fines de lucro que se especializan en derechos civiles, libertades civiles y litigios bajo la FOIA.
En su apelación, la ACLU y sus abogados cooperantes explicaron que los tribunales federales y estatales de todo el país habían rechazado durante mucho tiempo el argumento de que los abogados pro bono no podían recuperar los honorarios de los abogados, y que Michigan sería un caso atípico si permitiera tal decisión. estar de pie Múltiples organizaciones, incluido el Colegio de Abogados del Estado de Michigan y la Asociación de Abogados Pro Bono, presentaron escritos de amigo de la corte en la Corte Suprema de Michigan, advirtiendo que tal fallo socavaría la práctica pro bono en todo el estado y obstaculizaría la capacidad de organizaciones de interés público para hacer que las agencias gubernamentales rindan cuentas y sean transparentes. Esos argumentos prevalecieron y resultaron en la sentencia favorable de hoy.
Dan Korobkin, director legal de la ACLU de Michigan, emitió esta declaración:
“Para la ACLU de Michigan y otras organizaciones sin fines de lucro similares, así como para los bufetes de abogados del sector privado que brindan asesoramiento legal pro bono para respaldar importantes trabajos de interés público, es vital que los honorarios de los abogados sean recuperables en casos relacionados con derechos civiles, libertades civiles y transparencia gubernamental. Hacerlo nos ayuda a continuar representando a personas cuyos derechos están siendo violados. Si los abogados que brindan servicios pro bono no pueden recuperar los honorarios en casos exitosos de FOIA y derechos civiles, se presentarán menos casos de este tipo y el público en general sufrirá. Esta es una gran victoria para las organizaciones y las personas en Michigan que brindan servicios legales pro bono”.
Para obtener más información sobre el caso y leer un blog que la ACLU publicó cuando se argumentó, consulte: https://www.aclumich.org/en/news/keeping-government-accountable.
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