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DETROIT, Mich. - La Unión Americana de Libertades Civiles de Michigan, el Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU y el Proyecto de Derechos de Inmigrantes y el bufete de abogados de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP están demandando a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en ingles) de los Estados Unidos en un tribunal federal en nombre de inmigrantes detenidos por ICE en instalaciones carcelarias sobre pobladas en los condados de Calhoun, Monroe y St. Clair en el elevado tiempo de la mortal pandemia COVID-19. Las organizaciones legales buscan la liberación inmediata de las personas que se encuentran en detención civil y, debido a la edad y/o condiciones médicas significativas, corren un alto riesgo de enfermedad grave o muerte en caso de infección por COVID-19.
Debido a que no existe una vacuna, una cura o un tratamiento efectivo para COVID-19, la única forma conocida de protección contra enfermedades graves o muerte causadas por el nuevo coronavirus es el distanciamiento social junto con una estricta higiene, que son prácticamente imposibles en un entorno de detención. Por esas razones, los expertos correccionales en salud pública recomiendan la liberación inmediata de aquellos que son más vulnerables al sufrimiento de COVID-19, así como reducciones drásticas en el número de personas detenidas.
Las acciones legales de la ACLU, que consisten en una petición presentada el fin de la semana pasada y una segunda acción presentada hoy, argumentan que la detención continua de inmigrantes médicamente vulnerables viola su derecho al debido proceso. Las demandas incluyen el testimonio de los principales expertos en salud pública, el Dr. Robert Greifinger y el Dr. Jonathan Golob, sobre la actual crisis de salud pública y el peligro que representa la detención continua de personas, confinadas en lugares cerrados y condiciones antihigiénicas, que enfrentan un alto riesgo de enfermedad o muerte si estuvieran expuestos a COVID-19.
Michigan es uno de los epicentros del coronavirus con el tercer mayor número de casos de COVID-19 en los EEU, según el CDC. El CDC ha identificado a personas con un riesgo particularmente alto que tienen trastornos sanguíneos, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, sistemas inmunes comprometidos, embarazo actual o reciente, trastornos endocrinos, trastornos metabólicos, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares y afecciones neurológicas y del desarrollo neurológico.
Las demandas describen las condiciones médicas severas de las personas detenidas y las condiciones peligrosas en las que están encarcelados. El siguiente es un resumen de algunos de esos casos:
José Nicolás Chávez-Vargas es un ciudadano mexicano de 50 años detenido en la cárcel del condado de Monroe, donde se encuentra recluido desde el 20 de febrero de 2020. Llegó a los Estados Unidos hace aproximadamente 24 años y sufre de hipertrigliceridemia y enfermedad cardíaca. Se supone que el Sr. Chávez-Vargas toma medicamentos, pero no los ha recibido. Otros que están detenidos en las instalaciones con él están tosiendo. A nadie se le ha dado desinfectante de manos u otros suministros de protección además del jabón, y los guardias solo comenzaron a usar mascarillas y guantes ayer, 6 de abril de 2020. Todos duermen en dormitorios que albergan aproximadamente a 100 personas, con aproximadamente 50-60 literas por dormitorio. Las camas están a solo 3-4 pies de distancia entre sí. Las personas continúan comiendo sus comidas comunalmente, varias veces al día.
Gener Alejandro Chinchilla-Flores, un ciudadano costarricense de 36 años ha estado detenido en la cárcel del condado de Monroe desde el 25 de febrero de 2020. El Sr. Chinchilla-Flores llegó a los Estados Unidos desde Costa Rica hace unos 19 años. El Sr. Chinchilla-Flores sufre de asma crónica, pero aún no se le ha proporcionado un inhalador. Debido a su condición médica, tiene un alto riesgo de complicaciones graves derivadas de COVID-19 si se infecta. El Sr. Chinchilla-Flores es detenido con personas que constantemente están tosiendo pero que no han recibido máscaras faciales u otro equipo de protección personal, e informa que la cárcel está infestada de gusanos.
Amer Toma tiene 55 años y ha estado detenido en el centro correccional del condado de Calhoun desde febrero de 2020. Desde septiembre de 2019 hasta febrero de 2020, estuvo detenido en la cárcel del condado de St. Clair. Llegó a los EEUU hace 10 años como refugiado y trató de quedarse aquí por miedo a la persecución si regresaba a Irak. Se le concedió la retención de deportación por virtud de la Convención contra la Tortura, y está detenido únicamente porque el gobierno apeló. Tiene tres balas alojadas en su cuerpo después de recibir varios disparos durante la Guerra Irán-Iraq. El Sr. Toma también sufre de hipotensión y fue hospitalizado hace dos años por problemas de próstata. Su unidad en el centro de detención de Calhoun tiene 56 personas y rara vez están a seis pies de distancia entre sí. Cuando come, se sienta en una mesa con otras cuatro o seis personas aproximadamente a dos pies una de la otra.
La petición del Sr. Toma está pendiente ante la jueza Judith E. Levy, quien el domingo por la noche ordenó la liberación de Janet Malam, una mujer británica que también es demandante en el mismo caso y que sufre de esclerosis múltiple, enfermedad pulmonar obstructiva y otras enfermedades graves. En su opinión de 45 páginas, la jueza Levy escribió: "A medida que los funcionarios penitenciarios comienzan a reconocer en todo el país, incluso la medida de precaución más estricta, salvo limitar la población detenida, simplemente no puede proteger a los detenidos del riesgo extremadamente alto de contraer este único y mortal enfermedad."
Y después de la presentación de la ACLU en nombre de Ruby Briselda Escobar, ICE la liberó ayer. La Sra. Escobar, que nació en El Salvador con un soplo cardíaco y había estado en detención de inmigración civil en el Centro Correccional del Condado de Calhoun desde noviembre de 2018, fue liberada por ICE el lunes. La Sra. Escobar llegó a los EEUU en 2013. Ha sido liberada y espera reunirse con sus tres hijos que están en cuidado de crianza.
Miriam Aukerman, Abogada de la ACLU de Michigan emitió la siguiente declaración:
“En esta pandemia, todos estamos conectados, y es más importante que nunca mantener a todos a salvo. Los expertos en salud pública advierten que el distanciamiento social es absolutamente necesario para limitar la propagación de COVID-19. Pero para los inmigrantes encerrados en lugares cerrados con cientos de otras personas, el distanciamiento social no es una opción. ICE tiene la responsabilidad de proteger la seguridad de todos los que están bajo su custodia. Como un primer paso, debe liberar a aquellos quienes ya han sido identificados por el CDC como los que corren mayor riesgo de grave enfermedad o muerte si contraen COVID-19. Si ICE espera reaccionar ante los peores de los casos, ya será demasiado tarde.”
Eunice Cho, Abogada del Proyecto de Prisión Nacional de la ACLU, emitió la siguiente declaración:
"Los expertos en salud pública han advertido que no reducir la cantidad de personas detenidas, y en particular, no liberar a las personas particularmente vulnerables a la enfermedad, pone en peligro la vida de todos en el centro de detención, incluyendo al personal y la comunidad en general. Instalaciones de detención de inmigrantes son instituciones que aumentan de manera única el peligro de transmisión de enfermedades. ICE debe actuar ahora y liberar a las personas de la custodia."
Jeannie Rhee, abogada principal del bufete de abogados Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, emitió la siguiente declaración:
"La detención de inmigrantes no debería ser una sentencia de muerte. Las cárceles no están diseñadas ni equipadas para manejar esta extraordinaria crisis de salud pública. Michigan ya tiene uno de los casos más altos de COVID-19 en la nación. El hecho de que ICE no actúe ahora seguramente contribuirá a la difusión de este virus en todo el estado, así como la pérdida de vidas innecesaria y evitable."